Hacienda eleva requisitos para endeudamiento de gobernadores, pero diputados mantienen reparos

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentaron ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados una serie de indicaciones para elevar los requisitos que le permitan autorizar a los Gobiernos Regionales (GORE) a endeudarse, como lo establece el proyecto de ley de financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal.

Las cerca de 20 indicaciones anunciadas son el resultado de una mesa técnica que se conformó entre asesores de Gobierno y oposición, las que se hacen cargo de una serie de inquietudes de los diputados respecto a la facultad de endeudamiento de los GORE y la debida fiscalización por parte de Dipres.

“Nuestra prioridad no es sacar el proyecto con la máxima rapidez, vamos a mantener urgencia simple de manera que haya tiempo para discutir los aspectos del proyecto dado las temores y aprensiones sobre eventos recientes”, dijo Marcel.

Las principales indicaciones del Ejecutivo se refieren a precisar la restricción de la aplicación del Decreto Ley 1263, para clarificar el rol de Contraloría General de la República, modificaciones al ciclo presupuestario de los GORE; y demás facultades financieras (incluyendo la regla fiscal regional); y reforzamiento de los mecanismos de control.

Conforme a lo anunciado, se agregarán más controles dentro de la regla de endeudamiento al incorporar un límite de endeudamiento anual correspondiente a una proporción de un indicador (por ejemplo, ingresos totales anuales del año fiscal anterior) a definir mediante reglamento del Ministerio de Hacienda.

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También se incorporan restricciones para controlar la deuda en un horizonte temporal más extenso al anual, a través de límites al stock de deuda como porcentaje de los ingresos; y se refuerza el rol más incidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en fase preventiva y se añaden más restricciones al incumplir requisitos facultades financieras.

Los cuestionamientos

A pesar de todos los cambios anunciados por Hacienda, persistieron las dudas de diversos parlamentarios para otorgar la facultad de endeudarse a los gobernadores.

La diputada Sofía Cid (RN) indicó que “no soy partidaria del endeudamiento, porque los GORE no generan ingresos permanentes”. En tanto Agustín Romero (Republicano) “no entiendo la razón de esta facultad para endeudarse, al final la deuda la paga el gobierno central, no puedes privar a la comunidad de obras de desarrollo si existe algún incumplimiento de los GORE. A pesar de todos los resguardos que tomemos el Estado va a tener que pagar la cuenta”.

Para Carlos Bianchi (IND) es evidente que “no todas las regiones tienen la misma capacidad de endeudamiento, creo que eso no se resuelve con las indicaciones. Da la impresión que los ingresos propios son pocos y se va a seguir dependiendo del gobierno central”.

Marcel enfrentó los cuestionamientos: “Quiero dejar en claro que el endeudamiento no es tema central de este proyecto, es un mecanismo para generar mayor flexibilidad para manejar recursos en el tiempo, pero el tema central es generar el equilibrio entre mayores ingresos propios y mayores obligaciones de rendición de cuentas y transparencia”.

De todos modos, explicó que para el endeudamiento de los GORE “lo lógico es establecer relación con los ingresos propios, que hoy son muy bajos, son menos del 10% de ingresos de los GORE, pero con las normas de aplicación de tasas, derechos, más el royalty eso aumenta a un 25%”. Y precisó que “para incurrir en ese endeudamiento, la magnitud de esa deuda requiere un grado de acuerdo en el consejo regional y, además, requiere asegurar que la gestión financiera del GORE es consistente en nivel de riesgo con el servicio” de esa obligación.

El ministro señaló que no es partidario de detener la discusión del proyecto a la espera del proceso constituyente, como lo sugirió el diputado Romero. “En principio en el Consejo Constitucional se toca el marco de una infinidad de temas en materias públicas, y si se aplica ese criterio, el Congreso tendría que cerrar sus puertas dos años”, dijo Marcel.

Y ante los pedidos de la oposición de postergar el debate hasta que se resuelva el caso convenios y las transferencias de recursos públicos que investiga la justicia, planteó que les importa que se legisle bien. “Nuestra prioridad no es sacar el proyecto con la máxima rapidez, vamos a mantener urgencia simple de manera que haya tiempo para discutir los aspectos del proyecto dado las temores y aprensiones sobre eventos recientes”.